Hace treinta años, en un debate de la televisión sueca en el que comparecían el ministro de la Vivienda y una pareja de jóvenes, se produjeron algunas curiosas intervenciones que voy a recordar.

En Suecia, aunque se dejaba al mercado que estableciera el precio del pan, se mantenía a la vivienda fuera del mismo pensando que bien tan indispensable no podía dejarse al albur de la oferta y la demanda, y era el Estado quien asignaba los alojamientos y fijaba sus alquileres.

Cuando esto sucede aparecen viviendas vacías o hay colas para ocuparlas, dependiendo de que el alquiler fijado por la autoridad sea superior o inferior al que la gente pagaría voluntariamente. Entonces en Suecia había colas porque los alquileres eran artificialmente bajos.

La chica preguntó:

-Señor Ministro, ¿qué hemos de hacer, mi novio y yo, para conseguir un piso?

-Sólo una cosa es posible, joven: hacer cola.

-Pero Ministro -terció el chico-, es que hacer cola para conseguir un piso en esta ciudad significa esperar diez años.

-Muchachos -concluyó Tage Erlander, a la sazón Ministro del ramo-, trasladaos a otra ciudad, donde sólo esperéis ocho.

Ciertamente, salvo que en España no se daban ese tipo de debates televisivos -pensándolo mejor: siguen sin darse-, una escena semejante podría haberse producido aquí y, lo que es peor, todavía podría producirse pues, en ambos países, las circunstancias, sin ser las mismas, tienen una raíz común: no hay un verdadero mercado de viviendas. En Suecia, porque el gobierno controla la oferta, construyendo y asignando, a bajo precio, las viviendas.

En España -hablamos de oferta- los ayuntamientos racionan el suelo para que no baje el precio y sus arcas sigan opulentas. En cuanto a la demanda, la de viviendas "en compra" está distorsionada porque una parte de la misma se suscita, como "demanda de activos", simplemente para conservar la riqueza, lo cual -por cierto- no se arregla poniendo impuestos a las viviendas vacías. Respecto de las viviendas en alquiler, no habrá verdadero mercado mientras no se reforme eficazmente la legislación, de modo que el inquilino que no pague el alquiler se vea inmediatamente desahuciado, averiguando después quién tiene razón, con las correspondientes consecuencias indemnizatorias.