La salida de Pedro Mielgo de la presidencia de Red Eléctrica a propuesta de la SEPI, principal accionista de la empresa, pero aprobado por todo el consejo de administración de la compañía, ha reabierto el debate sobre el futuro más o menos cercano de los presidentes de las empresas que en algún momento fueron públicas, y, sobre todo, plantea varios interrogantes sobre el papel de los miembros de los consejos de administración y las razones de sus nombramientos.

Nadie ha puesto en duda la valía profesional de Mielgo al frente de la compañía que hasta ahora ha presidido. Ha hecho su trabajo como no se podía esperar otra cosa. Y naturalmente que lo habrá tratado de hacer lo mejor posible. Su salida se debe, sin duda, a que le nombró el anterior Gobierno, de signo político distinto al actual, en función de que tenía una participación accionarial importante en la sociedad. Lo mismo que ahora. El porcentaje de acciones en poder de la SEPI es menor ahora que hace ocho años pero sigue siendo el mayor. Y la nueva Administración tiene el mismo derecho a proponer el cambio que tuvo el anterior gobierno cuando sustituyó a los entonces presidentes de Argentaria o de Repsol por la misma razón de que habían sido puestos en esos sillones por los anteriores gobernantes. Mielgo cometió un error: proponer o permitir que se propusiera una "adhesión inquebrantable" del consejo de administración de Red Eléctrica hacia su persona y su gestión de forma que parecía imposible que la sociedad siguiera existiendo sin su presencia. Eran ganas de forzar las cosas.

Lo peor de todo lo que ha pasado estos días es el papel jugado por el consejo de administración. Mientras Mielgo fue presidente parecía imprescindible y cuando se plantea de manera real su sustitución todo el consejo lo aprueba sin ningún tipo de prevención. En el consejo de la compañía que gestiona la red de alta tensión eléctrica hay personas designadas por la SEPI de antes, la controlada por el Partido Popular para entendernos, hay representantes de las compañías eléctricas privadas y hay consejeros independientes. Por lo que se ha sabido, ninguno de todos ellos recordó el enorme problema que, en opinión del propio consejo unos días antes, provocaba la salida de Mielgo de la presidencia. Situaciones de este tipo hacen dudar de la validez de los órganos de gobierno y control de las compañías.