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| El abandono de la estabilidad
presupuestaria estimulará el despilfarro autonómico. |
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Hace mucho tiempo que conocí a Cristobal
Montoro, antes incluso de que entrara en la arena política,
con el PP en la oposición. Nunca ha sido un personaje
capaz de despertar pasiones, carece de poder de seducción
alguno, pero tengo grabada en la memoria la frase de una
entrevista publicada en EXPANSIÓN, cuando no podía
imaginar que acabaría siendo ministro de Hacienda:
"La mejor manera de recortar el gasto público
es reducir los impuestos". Es decir, si limito deliberadamente
mis recursos me fuerzo a optimizarlos. Luego resultó
que, ya en el poder, el PP puso en práctica esta
propuesta de castración voluntaria, y resultó
tan benéfica para el conjunto de la economía
y tan valorada por los ciudadanos, que los socialistas
tuvieron que modificar sus programas electorales para,
al menos, prometer que jamás subirían la
presión fiscal o que incluso estaban dispuestos
a bajar algunos impuestos.
La segunda contribución de este personaje públicamente
anodino a la Hacienda Pública fue la ley de Estabilidad
Presupuestaria. Apercibido de que nuestro sistema de descentralización
territorial conduce inexorablemente al despilfarro, y
de que la cercanía de los políticos a los
administrados fomenta el populismo y la demagogia en lugar
de estimular la responsabilidad, decidió obligar
a las autonomías a presentar cada año un
presupuesto equilibrado, so pena, caso contrario, de elaborar
un plan de saneamiento destinado a cumplir tal objetivo
lo más rápidamente posible. Esta ha sido
la herencia insólitamente favorable que recibió
el PSOE a su llegada al poder y que ha sido incapaz de
conservar.
A punto de cumplirse sus primeros cien días, el
vicepresidente Solbes se ha visto obligado a promover
una reforma de la ley de estabilidad que dará margen
a las autonomías para decidir el grado de sus ajustes
presupuestarios en función, no del ciclo económico
sino del político, y que obligará al propio
gobierno central a negociar con todas ellas una solución
de compromiso que dé como resultante un equilibrio
financiero final con el propósito de salvar la
cara. Yo estoy persuadido de que al eliminar el corsé
legal se activa de manera definitiva y poco predecible
el resorte genuino en favor del gasto que anida en casi
todo gobernante regional. Esta concesión a los
partidos nacionalistas o de izquierda, que son los que
le han puesto en la Moncloa, será tremendamente
gravosa a medio plazo. El escenario ideal, quizá
imposible, sería llegar en estos casos a acuerdos
con el PP. |
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Sueldos