La última legislatura con el Partido Popular en el Gobierno, iniciada en el 2000 con mayoría absoluta en el Parlamento y concluida con la debacle electoral del pasado 14 de marzo, fue el escenario de un desencuentro casi absoluto entre el Gobierno de la nación y la el de Generalitat y la sociedad catalana. El hecho, que se explica en parte por el enrarecimiento de las relaciones entre populares y nacionalistas en general, es tanto más sorprendente cuando la colaboración catalana, interesada por supuesto, resultó fundamental para sacar adelante la primera legislatura de Aznar y abrir las puertas al triunfo del 2000.

Ese divorcio entre el Ejecutivo central y Cataluña generó frustración entre los políticos y ciudadanos catalanes, pero también trajo consecuencias para el PP: su pésimo resultado en Cataluña contribuyó decisivamente a su retroceso electoral. Se produjo además en un periodo en el que la sensibilidad catalana, o catalanista, estaba a flor de piel por la continua aparición de indicadores que reflejaban la pérdida relativa de posiciones de la economía y las empresas de Cataluña en materias como crecimiento, infraestructuras, competitividad o inversiones directas. Todo ello generó un debate abierto sobre la necesidad, por un lado, de que la sociedad catalana reaccionara ante los sucesivos toques de atención que la realidad económica venía dando; y de que se replantearan las relaciones entre "centro y periferia" para evitar la excesiva concentración en Madrid de la parte más jugosa de la economía.

La llegada al poder del PSOE, más proclive que el PP a mantener unas relaciones civilizadas con el nacionalismo, ha abierto nuevas ventanas para avanzar en ese entendimiento. De entrada, los socialistas están instalados en los Gobiernos central y de la Generalitat, lo que, pese a las servidumbres que conllevan los pactos con Esquerra Republicana, debe favorecer el entendimiento en interés mutuo. Segundo, el PSC ha colocado a uno de sus dirigentes más valiosos, José Montilla, al frente del renacido e influyente Ministerio de Industria. Y tercero, los catalanes cuentan con todo el peso que proporciona La Caixa, la tercera entidad financiera del país, y la que cuenta con la mayor cartera de participaciones industriales de España.

La conjunción de esos tres factores, a los ojos de los dirigentes políticos y empresariales de Cataluña, abre nuevas perspectivas de resituar a esta Comunidad en el puesto de liderazgo que le corresponde. El primer paso, en el que parecen haber intervenido activamente los tres actores citados, es el proyecto de crear en torno a Gas Natural un gigante energético con marchamo catalán, algo que ya fue vetado por el último Gobierno de Aznar. Entretanto, y lo analizamos en este número, el ministro Montilla ha traído a Madrid una formá más catalana de hacer política industrial.