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El que un mercado sea “foco de corrupción, de ineficiencia y de injusticia” debería ser motivo más que suficiente para adoptar reformas urgentes. Y con más razón si esa triple virtud, a la que alude Gregorio Izquierdo, jefe del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, caracteriza a un mercado tan esencial como el del suelo, que es la materia prima para la construcción de viviendas y equipamientos comerciales y el desarrollo de las ciudades. La liberalización de este mercado no acaba de llegar. La excesiva intervención pública ha provocado que el suelo sea un bien escaso (cuando en realidad hay de sobra) y caro. “El derecho de edificación debe ser inherente al de propiedad, pero en España aquél lo ostenta un tercero: el planificador.Esa inseguridad jurídica ha sido un elemento de disuasión muy importante para la inversión extranjera en nuestro país”, apunta Izquierdo.
Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo deEmpresarios, afirma que “el sistema es insostenible”. El encarecimiento de los últimos años [ver gráfico] se ha producido, afirma, porque el incremento de demanda de suelo se ha topado con una oferta insuficiente, por una tramitación administrativa muy lenta y poco objetiva. “No puede ser que un ayuntamiento haga una raya sobre un plano y que a un lado el terreno valga 10.000 euros y al otro lado, cinco millones”, señala Eguidazu.
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