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“Estabilidad y previsibilidad. Eso es lo que necesitamos”, describe un portavoz de Unesa, la patronal eléctrica. El sector ha vivido tiempos convulsos desde la normativa de 1997, que promovía la liberalización a todos los niveles: desde la generación de energía hasta los precios para el consumidor final. El mercado era visto como la mejor opción: tanto para fijar precios, como para la elección de qué tecnología invertir o qué empresa comprar. Pero el mercado nunca ha dejado de ser sospechoso para los tres últimos gobiernos, tanto del Partido Popular como del PSOE, que han entorpecido su transcurrir natural.
El primero en hacerse trampas en el solitario fue el PP. En el año 1997 generó el llamado déficit de tarifa al impedir subir los precios de la luz más del 2%. El objetivo era controlar la inflación para cumplir con los criterios exigidos para entrar en la moneda única. El propósito se logró, pero el déficit se ha convertido en un caramelo envenenado. Ha sido el último ministro de Industria, Miguel Sebastián, en 2008, el que ha intentado poner coto a los 14.000 millones de euros de deuda generada. Los expertos dudan que vaya a lograrlo. ¿El motivo? La reciente decisión estatal de ayudar al sector del carbón, que destinará cerca de 1.400 millones de euros a subvencionar el consumo del mineral nacional. “Este tipo de iniciativas adulteran el mercado. Desde Industria se dice que no será así. Pero no estoy seguro de ello”, asegura Enrique Giménez, director general de Céntrica. La fijación de las tarifas para los consumidores con potencia de menos de 10 kilovatios (cerca de 25 millones de hogares) es otra barrera que las compañías quieren eliminar, pero el Gobierno se niega en redondo. Si los precios se liberalizasen, la factura debería subir un 20%, asegura el Ejecutivo.
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