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El Gobierno, hasta ahora, ha puesto algo de queso encima de la mesa, pero será necesario mucho más que eso si se quiere evitar que la cifra de roedores en paro alcance los cinco millones. Todo el mundo coincide en que hay que cambiar aspectos profundos de nuestra economía y que ahora es el momento para hacerlo, pues los incentivos son mayores. Pero el gato de la crisis es grande, el cascabel de las reformas muy pesado y los ratones prefieren discutir, plácidos en su agujero, sobre cómo sortear la amenaza.
Mientras tanto, desde el lobby sindical a los partidos, pasando por los colegios profesionales o los pequeños comercios, los opositores a las reformas son legión.
Pocas veces en España ha habido un consenso tan abrumador sobre la necesidad de poner en marcha reformas estructurales. Gobierno, oposición, empresarios, sindicatos, tertulianos. Todos utilizan la misma expresión, aunque lo hagan pensando de manera muy diferente. Puede que haya que cambiar el esqueleto de la economía, pero no existe unanimidad sobre qué huesos habría que tocar y cuáles se deben dejar intactos.
Además, las operaciones de este tipo resultan dolorosas y en España plantean más problemas que en otros países. Por un lado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es notablemente temeroso de la opinión pública y prefiere actuar siempre a favor de la corriente, por más que esto vaya a dejar varada la economía en la playa. Además, la oposición no está aportando ideas de calado, porque no quiere tomar posiciones que le puedan comprometer electoralmente. Como dijo en una ocasión el ex ministro de Hacienda Cristobal Montoro “nadie llega al Gobierno ofreciendo sangre, sudor y lágrimas”
¿Cuáles deberían ser las reformas? ¿Quiénes discrepan y las boicotean desde hace décadas?
El presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, tiene el ojo puesto en la Directiva de Servicios, un sector que representa alrededor del 60% del PIB. “Una transposición ambiciosa de la misma, que pudiera incluso ir más allá de lo dispuesto en ella, ocupa el número uno de las prioridades del momento. Creemos que es un tren que no deberíamos dejar escapar”, explica a Actualidad Económica.
“Introducir competencia en ciertos sectores significa casi siempre enfrentarse a la oposición de determinados grupos de interés que viven muy a gusto al abrigo”. Berenguer afirma que existe un grave riesgo de que la acción de estos lobbies, dirigida especialmente a los ministerios sectoriales, las comunidades autónomas y al propio Parlamento, pueda frenar el desarrollo de las reformas.
“Un ejemplo flagrante de inclumplimiento y tergiversación del espíritu liberalizador de la directiva es la profesión de procurador”, señala Berenguer, que considera necesario eliminar la reserva de actividad que, “con carácter general y sin motivos que la justifique”, establece la normativa a favor de los procuradores, suprimiendo la incompatibilidad de la profesión con la de abogado, además de con las de graduado social y gestor administrativo. “Lamentablemente, la presión ejercida sobre los grupos parlamentarios ha consolidado el statu quo en esta actividad”, subraya.
Lo cierto es que Berenguer y la CNC han sido grandes defensores de la Directiva de Servicios y se han erigido en enemigos tanto de los colegios profesionales como de la exigencia, habitual en España, de ligar necesariamente un título a una colegiación y ésta a un puesto de trabajo. Competencia se aferra a una Directiva de Servicios que no acepta restricciones a la libertad de precios, “salvo que existan imperiosas razones de interés general que justifiquen la excepcionalidad”, y recuerda que los colegios profesionales se han llevado una décima parte de todas las sanciones impuestas por la regulación de competencia. En España existen 87 colegios profesionales, de los cuales 25 han sido creados por normas autonómicas y no tienen su equivalente a escala estatal. Y luchan denodadamente contra cualquier amenaza a sus privilegios.
Sin barreras. En un sentido parecido se pronuncia el director de la Fundación Rafael del Pino y ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Amadeo Petitbó, quien considera que hay innumerables mercados, unos más grandes que otros, sin libertad de entrada o con fuertes barreras. “No abordar las reformas estructurales tiene un coste elevado para el conjunto de la economía”, asegura.
Petitbó cree que las principales reformas estructurales deben acometerse en los mercados del trabajo y del suelo, dos clásicos. Pero también incluye en la agenda la situación de las farmacias, un sector que sólo ha podido ser liberalizado en ciertas regiones, como Navarra, y en el que el lobby colegial ha sido siempre más fuerte que la voluntad de los ministros de Sanidad. O el de los libros, donde se mantienen unos precios fijados artificialmente y unos límites sobre el descuento máximo, que se sitúa en el 5%, cuando en otros países como Estados Unidos no es infrecuente que los libros tengan una fuerte rebaja desde el momento mismo de su lanzamiento.
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