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Si a Unamuno le dolía España, los empresarios de hoy en día multiplican ese dolor por 17; tantas veces como normativas autonómicas regulan su actividad. Frente a los avances de la UE en la creación de un mercado para más de 450 millones de habitantes, el Estado autonómico no parece encontrar el tope a un proceso de descentralización que pone en peligro la unidad económica del país. El resultado es inevitable: cada autonomía tiene su ración de poder, pero el conjunto resulta insignificante.
¿Vamos hacia una torre de babel empresarial en el reducido espacio del medio millón de kilómetros cuadrados que ocupa España? En la construcción bíblica el problema era de idioma. Aquí, de momento, el castellano todavía sirve para hacer negocios. Sin embargo, las incomprensiones, pérdidas de tiempo y, en definitiva, situaciones absurdas proliferan en el mercado español. Sólo en un pequeño porcentaje la causa está en el deseo de potenciar las lenguas autóctonas. El problema es mucho más grave. El aumento de legislaciones autonómicas cada vez más detalladas, diferenciadas y hasta contradictorias está rompiendo el mercado único español.
Suena exagerado, pero la casuística y los expertos consultados desmienten esa impresión. Hay ejemplos de todo tipo, desde anecdóticos (para cazar en toda España, se necesitan 17 licencias autonómicas, frente a la única de Francia), hasta los que afectan a cosas tan serias como la salud. En Cataluña, la tarjeta sanitaria autóctona no recoge el número de la Seguridad Social, lo que complica las gestiones sanitarias de los catalanes en el resto de España y les obliga a tramitar un nuevo documento para tener asistencia en el resto de Europa. Las antenas de telefonía móvil, los horarios de circulación de los camiones, las inspecciones laborales, los criterios de seguridad alimentaria, las condiciones de vuelo de los helicópteros.... nada parece escapar a la voracidad legislativa de las autonomías. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
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